La Oficina de Inmigración (BI) de Filipinas reduce los visados de trabajo de unos 2.000 empleados de operadores de juego filipinos extraterritorial (POGO) a visados de turista.

Esta medida encaja con la directiva del presidente Ferdinand Marcos Jr. de prohibir todos los operadores de juego extraterritoriales. Esta se anunció en julio durante su discurso sobre el estado de la nación. En una audiencia sobre el presupuesto en el Senado, el director del BI, Norman Tansingco, reveló que se han paralizado las solicitudes de visados de trabajo 9 para empleados de POGO, y que se han denegado las solicitudes existentes. El BI aceptará reducciones voluntarias de visado hasta el 15 de octubre de 2024, tras lo cual comenzarán las cancelaciones obligatorias. Estas culminarán con finalizar todas las operaciones de POGO el 31 de diciembre de 2024.

Rebaja de visado y requisitos de salida

Tansingco subrayó que, una vez degradados a la categoría de turistas, los empleados de los POGO dispondrán de 59 días para resolver sus asuntos y abandonar el país. Las medidas del BI afectan a los empleados de los POGO que operaban legalmente antes del anuncio, con especial atención a su salida de Filipinas.

Los centros de POGO que realicen actividades ilegales serán objeto de investigación, y los trabajadores extranjeros detenidos en estas operaciones serán deportados. La directiva tiene implicaciones más amplias para los aproximadamente 100.000 trabajadores extranjeros de POGO en el país, que ahora pueden enfrentarse a reducciones de visado similares.

Dificultades para aplicar de la reducción de visados

Reducir la aplicación del visado plantea problemas logísticos, como conseguir vuelos adecuados para los trabajadores que se marchan. Tansingco reconoció la escasez de vuelos disponibles para repatriar a los empleados afectados, muchos de los cuales son de nacionalidad china.

En respuesta, la Federación Filipino-China ha ofrecido vuelos privados para facilitar su vuelta a China. La presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, la senadora Grace Poe, ha instado al Departamento de Justicia (DOJ) a acelerar los esfuerzos y garantizar la salida sin problemas y a tiempo de los empleados de POGO.

Impacto en las operaciones legales e ilegales de los POGO

While the visa downgrades affect employees of legally operating POGOs, authorities remain vigilant against illegal operators. POGO hubs found involved in illicit activities are under scrutiny, with investigations underway. Employees caught in these illegal operations face immediate deportation, underscoring the government’s commitment to enforcing the ban and ensuring compliance with Philippine immigration laws. The recent changes, including the reclassification of the remaining legal POGOs as Internet Gaming Licensees (IGLs) by the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), aim to streamline the industry and enhance regulatory oversight.??

La reducción de visados afecta a los empleados de los POGO que operan legalmente, las autoridades siguen vigilantes contra los operadores ilegales. Los centros de operaciones de los POGO implicados en actividades ilícitas están bajo investigación. Los empleados en estas operaciones ilegales se enfrentan a la deportación inmediata. Esto subraya el compromiso del gobierno de hacer cumplir la prohibición y garantizar que se cumplan las leyes de inmigración filipinas. Los recientes cambios, incluida la reclasificación de las restantes POGO legales como licenciatarios de juego por Internet (IGL) por parte de la Corporación Filipina de Juegos y Atracciones (PAGCOR), pretenden racionalizar el sector y mejorar la supervisión reglamentaria.

Futuro de la mano de obra de las POGO en Filipinas

La postura del gobierno filipino respecto a los POGO marca un cambio en su enfoque de las operaciones de juego extraterritoriales. Este utiliza la reducción de visados como herramienta clave para eliminar gradualmente el sector. A medida que se acerca la fecha límite para la reducción de visados, el BI y otros organismos están trabajando para gestionar la transición, equilibrando la aplicación de la normativa con consideraciones humanitarias para la mano de obra afectada.

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