La Oficina del Defensor del Pueblo de Filipinas destituye a la alcaldesa de Bamban, Tarlac, Alice Guo, de su cargo público por falta grave. Fechada el 12 de agosto de 2024 y firmada por el Defensor del Pueblo, Samuel Martires, la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público y la pérdida de su pensión de jubilación.

La decisión, de 25 páginas, tiene su origen en la implicación de Guo en un controvertido caso relacionado con los Operadores de Juegos en el Extranjero de Filipinas (POGO) y en una serie de actividades ilegales relacionadas con su cargo.

Complicidad en operaciones ilegales

La investigación reveló que las conexiones de Guo con Baofu Land Development Inc, que controlaba la propiedad que albergaba las operaciones ilegales de los POGO, persistieron incluso después de que asumiera la alcaldía en 2022. La sentencia del Defensor del Pueblo detalló cómo Guo, a pesar de su cargo público, continuó ejerciendo control sobre Baofu y se benefició de sus operaciones. En particular, Guo no revocó ni canceló los permisos de actividad de Zun Yuan Technology Inc., una empresa de POGO que operaba sin las certificaciones de seguridad necesarias y estaba implicada en actividades ilegales.

El centro POGO operaba incumpliendo el Código de Incendios de Filipinas y otros requisitos normativos. Además, la investigación del Defensor del Pueblo recalcó la implicación de Guo en la solicitud y obtención de múltiples autorizaciones para construcciones relacionadas con POGO. Esto ilustra un claro conflicto de intereses y una intención deliberada de hacer caso omiso de las normas establecidas.

Suspensión de funcionarios locales

Además de la destitución de Guo, el Defensor del Pueblo ha impuesto medidas disciplinarias a otros funcionarios locales. El vicealcalde de Bamban, Leonardo Asunción, el responsable de permisos y licencias comerciales, Edwin Ocampo, y el responsable jurídico municipal, Adenn Sigua, han sido suspendidos durante tres meses por conducta perjudicial para los intereses del servicio. Además, varios miembros actuales y anteriores del Sangguniang Bayan (consejo municipal) han sido declarados culpables de cargos similares. Se enfrentan a una suspensión o a sanciones económicas equivalentes a tres meses de salario.

Implicaciones jurídicas y políticas

El Defensor del Pueblo ha dado instrucciones al Departamento de Interior y Administración Local (DILG) para que estudie la posibilidad de presentar cargos contra el exalcalde José Antonio Feliciano, que podría haber desempe?ado un papel en la facilitación de las operaciones ilegales de POGO. Mientras tanto, el Procurador General Menardo Guevarra ha anunciado que la petición de quo warranto contra Guo seguirá adelante. Esta acción legal, presentada a finales de julio, cuestiona la elegibilidad de Guo para ocupar el cargo, alegando que ha falseado su ciudadanía y ha participado en actividades fraudulentas.

El bando de Guo recurrirá

Mientras tanto, el equipo jurídico de Guo anunció que tiene previsto presentar un recurso de reconsideración tras la decisión del Defensor del Pueblo de destituirla. Su abogado, el abogado Stephen David, expresó su decepción por el hecho de que el Defensor del Pueblo no reconociera el mérito de los argumentos de Guo. David declaró que están preparando la moción como paso necesario antes de presentar un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

En busca de justicia

Los senadores Risa Hontiveros y Sherwin Gatchalian han elogiado la decisión del Defensor del Pueblo, pero han subrayado que la búsqueda de justicia debe continuar hasta que Guo sea detenido. Hontiveros destacó la necesidad de que Guo rinda cuentas de sus actos, mientras que Gatchalian subrayó la importancia de abordar las cuestiones más amplias de la corrupción y las actividades ilegales relacionadas con las POGO.

Otras acciones legales e investigaciones

Además de la sentencia del Defensor del Pueblo, Guo se enfrenta a cargos de la Comisión Presidencial contra la Delincuencia Organizada (PAOCC) por tráfico de seres humanos cualificado. El Tribunal de Apelaciones también ha ordenado la inmovilización de sus bienes. La Comisión Electoral (COMELEC) lleva a cabo una investigación preliminar sobre la falsedad material de Guo en relación con su ciudadanía, y ha emitido una citación para que comparezca ante la comisión.