Nueva Zelanda a punto de regular el mercado del juego en línea, pero las organizaciones maoríes están preocupadas.
A principios de a?o, se creó un colectivo maorí para proteger a las comunidades nativas de los da?os del juego. El Colectivo Nacional Maorí para Minimizar los Da?os del Juego, Te Kāhui Mokoroa, ha pedido al gobierno que considere el efecto que la regulación. Esta la promueve la ministra del Interior Brooke van Velden y tendría en la población maorí. La accesibilidad al juego de casino, que ahora está más o menos limitada a las zonas urbanas, estaría disponible para todos, en todo momento. Esto último es lo que preocupa a Te Kāhui Mokoroa.
“Los da?os del juego en línea empeoran por la accesibilidad las 24 horas del día y a las mínimas medidas de protección”, dijo Cath Healey, directora general de Te Rangihaeata Oranga, un servicio de recuperación del juego. Y a?adió: “Las repercusiones financieras y sociales más amplias de los da?os causados por el juego en línea deben estar en el primer plano de la regulación. Deben aplicarse mecanismos sólidos para proteger desde el punto de vista de la igualdad sanitaria. El bienestar de las personas debe primar sobre los beneficios”.
La portavoz de Te Kāhui Mokoroa, Jessikha Leatham-Vlasic, explicó: “Aunque reconocemos el intento del gobierno de regular la industria de los casinos en línea, tenemos serias reservas sobre el da?o continuado que esto infligirá a nuestros whānau (grupo familiar ampliado) y comunidades, en particular a nuestros whanaunga (parientes) más vulnerables”.
Los maoríes tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar problemas con el juego que otros grupos. El uso que hacen de las máquinas tragaperras, o pokie machines, lleva varios a?os suscitando preocupación en la comunidad. Selah Hart, directora ejecutiva de un colectivo regional de salud pública, afirmó que la industria del juego “ha puesto en el punto de mira a nuestras comunidades”. Además, a?adió: “Ponen sus máquinas en los barrios donde viven nuestros whānau, y así de sencillo”.
“Habrá un sistema de licencias para los casinos en línea. Los operadores tendrán que cumplir una serie de criterios antes de poder ofrecer servicios a los neozelandeses. Será ilegal que operadores sin licencia ofrezcan servicios a los neozelandeses”, declaró.
Según ella, el objetivo no es aumentar la disponibilidad de juegos de azar, sino garantizar que el juego en línea cumpla ciertas normas para proteger al cliente.
“La concesión de licencias es la forma en que regulamos la mayoría de las formas de juego en el país. No se pretende aumentar la cantidad de juegos de azar que practican los neozelandeses, sino garantizar que los operadores cumplen los requisitos para proteger al consumidor y minimizar da?os, además de pagar impuestos”, explicó van Velden.
Te Kāhui Mokoroa, el Colectivo Nacional Maorí, ha declarado que está dispuesto a trabajar en colaboración con las autoridades para desarrollar la nueva normativa, aplicarla y supervisar sus efectos en las comunidades maoríes. “Tiene que formar parte de una respuesta conjunta a nivel nacional, regional y local”.
El colectivo también ha pedido que se prohíba la publicidad de los casinos en línea. La razón es que es especialmente perjudicial para los jugadores más jóvenes y menores de edad, entre 13 y 18 a?os. También aboga por crear un registro nacional de exclusión y aplicar periodos de cierre.
Sin embargo, las comunidades maoríes no son las únicas preocupadas por los efectos que podría tener esta nueva normativa. La Fundación de Problemas del Juego está de acuerdo en que la publicidad se dirige en gran medida a los más jóvenes y también es perjudicial para los jugadores problemáticos. Andree Froude, directora de Defensa y Salud Pública de la Fundación, explicó: “Prohibir la publicidad de cualquier tipo de juego es la mejor medida. Como mínimo, debe haber límites estrictos en cuanto al volumen y el momento de los anuncios. Se deberían prohibir los incentivos para jugar”.
La fundación reclama procesos para verificar a los clientes, un registro nacional de autoexclusión, restricciones en los métodos de pago y límites obligatorios de tiempo y gasto. También insta al gobierno a implantar un sistema de sanciones para los operadores que no cumplan las normas.
